Corte Constitucional revisa la crisis carcelaria: hacinamiento y falta de presupuesto bajo la lupa judicial.
La Corte Constitucional examinó el hacinamiento crítico y la falta de recursos en cárceles y estaciones de detención transitoria del país. Defensores de derechos humanos exigieron medidas urgentes al Estado para superar la vulneración reiterada a la población carcelaria.
La Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional realizó una audiencia pública para evaluar el grado de cumplimiento de las órdenes estructurales frente al estado de cosas inconstitucional que persiste en los centros penitenciarios y de detención transitoria del país. El alto tribunal centró su revisión en tres ejes críticos: la sostenibilidad del financiamiento penitenciario, la superación del hacinamiento y la precaria atención de las personas privadas de la libertad con discapacidad psicosocial.
Voceros de organizaciones de derechos humanos denunciaron ante los magistrados que las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y las estaciones de policía siguen operando como cárceles improvisadas sin condiciones mínimas de habitabilidad, agua potable ni salubridad. Durante la diligencia, se exigió a las entidades del orden nacional y territorial definir responsabilidades presupuestales concretas para frenar el colapso del sistema y garantizar los derechos fundamentales de la población reclusa.
El pronunciamiento de la Corte reactiva el debate sobre la política criminal en Colombia, cuestionando el modelo de detención punitiva que satura las celdas sin ofrecer alternativas de resocialización real ni medidas de descongestión judicial efectivas.
¿Se cumplirán por fin los fallos judiciales para dignificar el sistema carcelario o persistirá la vulneración sistemática tras las rejas?
