Modificación al mandato de la ONU sobre el Acuerdo de Paz enciende alarmas por la reforma rural integral
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución que ajusta y renueva el mandato de la Misión de Verificación en Colombia, decisión que desató inmediatas reacciones entre organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y bancadas de oposición. La determinación, celebrada por el Ejecutivo como un «respaldo a la soberanía nacional» y una ruptura con compromisos previos, deja por fuera del escrutinio internacional aspectos neurálgicos como el seguimiento integral al punto agrario.
Diversos liderazgos comunitarios y voceros del campesinado alertaron que excluir la reforma rural del foco de verificación internacional debilita la rendición de cuentas del Estado frente a la adjudicación y titulación de tierras, abriendo espacio a dilaciones institucionales. Desde las comunidades rurales recuerdan que más de diez mil firmantes continúan desmovilizados y que la no resolución de los conflictos por la tierra sigue siendo el principal detonante de violencia en los territorios.
La decisión profundiza la polarización institucional en torno al legado de 2016: mientras la narrativa oficial habla de redefinir la presencia internacional y enfocarse estrictamente en la seguridad, los sectores sociales temen que el desmonte paulatino del marco de verificación allane el camino para sepultar los compromisos estructurales con las víctimas.
¿Gana soberanía el país al limitar la observación internacional o se debilita la veeduría sobre las deudas históricas con el campo colombiano?